Un teniente de la Guardia Civil destinado en Bétera ha quedado en libertad provisional tras ser detenido por presuntas agresiones sexuales y malos tratos a su pareja. La jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Llíria ha impuesto severas medidas cautelares, incluyendo una orden de alejamiento de 700 metros y la colocación de una pulsera telemática de control.
El oficial fue puesto a disposición judicial el pasado jueves, donde se le comunicó que está siendo investigado por varios delitos graves en el ámbito de la violencia de género. La investigación se inició a raíz de la denuncia de la víctima, quien relató múltiples episodios de abuso durante los cuatro meses que duró la relación sentimental.
Puntos Clave
- Un teniente de la Guardia Civil de Bétera fue detenido por presunta violencia de género.
- La víctima denunció tres agresiones sexuales y maltrato continuado.
- El juzgado ha decretado libertad provisional con medidas cautelares estrictas.
- Entre las medidas se incluye una orden de alejamiento de 700 metros y un dispositivo GPS.
- La investigación sigue abierta por delitos de agresión sexual, maltrato, injurias y coacciones.
Detalles de la investigación judicial
El teniente de la Guardia Civil se enfrenta a una causa abierta por presuntos delitos de agresión sexual, maltrato físico y psicológico, injurias y coacciones. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) confirmaron que esta calificación es inicial y podría modificarse a medida que avance la instrucción del caso.
La denuncia presentada por la víctima detalla un patrón de abuso que habría tenido lugar a lo largo de una relación de cuatro meses. En su testimonio, la mujer relató haber sufrido tres agresiones sexuales, además de otros episodios de maltrato que motivaron la intervención de las autoridades y la posterior detención del agente.
Medidas cautelares impuestas por la jueza
Tras la comparecencia del detenido, la magistrada titular del juzgado de Llíria especializado en violencia de género decidió no decretar prisión provisional. En su lugar, optó por un conjunto de medidas cautelares de gran calado para garantizar la protección de la denunciante mientras continúa el proceso judicial.
Las medidas impuestas son claras y de obligado cumplimiento. El investigado tiene prohibido acercarse a menos de 700 metros de la víctima, de su domicilio, de su lugar de trabajo o de cualquier otro sitio que ella frecuente. Esta restricción se extiende a la prohibición total de comunicarse con ella por cualquier medio, ya sea telefónico, telemático o a través de terceros.
Control telemático para asegurar el cumplimiento
Para asegurar que la orden de alejamiento se cumpla de manera efectiva, la jueza ordenó la instalación de un dispositivo de control telemático, comúnmente conocido como tobillera o pulsera GPS. Este sistema permite a las fuerzas de seguridad monitorizar en tiempo real la ubicación del investigado y alertar de inmediato si se produce una violación de la distancia de seguridad establecida.
El contexto de la violencia de género
Este caso pone de relieve, una vez más, la problemática de la violencia de género en la sociedad. La denuncia de la víctima y la rápida actuación judicial son pasos fundamentales en la lucha contra este tipo de delitos. La investigación se centrará ahora en recabar todas las pruebas necesarias para esclarecer completamente los hechos denunciados.
¿Qué delitos se investigan?
La causa se ha abierto inicialmente por cuatro tipos de delitos, cada uno con sus propias implicaciones legales:
- Maltrato: Abarca tanto la violencia física como la psicológica habitual en el ámbito de la pareja.
- Agresión sexual: Se refiere a cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento.
- Injurias: Implica expresiones o acciones que lesionan la dignidad de la persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.
- Coacciones: Consiste en impedir a alguien con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o compelerle a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto.
La condición de miembro de la Guardia Civil del investigado añade una dimensión particular al caso, aunque el proceso judicial se rige por los mismos principios y garantías para todas las personas. La investigación determinará la veracidad de las acusaciones y las responsabilidades penales que pudieran derivarse.
El proceso judicial se encuentra en una fase inicial. La defensa del teniente tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas, mientras que la acusación, tanto pública como particular si la víctima decide personarse, trabajará para demostrar los hechos denunciados. La resolución final dependerá del conjunto de pruebas que se analicen durante la instrucción y el eventual juicio.
