Más de un año después de la fecha límite establecida por la ley, ninguno de los 15 municipios de la Comunitat Valenciana obligados a implementar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) ha cumplido con la normativa. Esta situación de parálisis total afecta a las principales ciudades de la región, que debían haber restringido el acceso a los vehículos más contaminantes desde el 1 de enero de 2023.
Puntos Clave
- Incumplimiento generalizado: Los 15 municipios valencianos con más de 50.000 habitantes han incumplido la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
- Plazo vencido: La obligación de crear Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) entró en vigor el 1 de enero de 2023.
- Impacto en la salud: La falta de estas zonas impide la reducción de la contaminación del aire, afectando directamente la salud de más de dos millones de ciudadanos.
- Riesgo de sanciones: Los ayuntamientos se exponen a posibles sanciones económicas y a la pérdida de fondos europeos por no aplicar la normativa.
Un año de inacción y retrasos
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada en 2021, es clara en su mandato. Todas las ciudades españolas con más de 50.000 habitantes debían delimitar un área urbana de bajas emisiones para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático. Sin embargo, en la Comunitat Valenciana, el balance es de un incumplimiento absoluto.
Los municipios afectados incluyen las tres capitales de provincia (Valencia, Alicante y Castellón), así como otras grandes urbes como Elche, Torrevieja, Orihuela, Torrent, Gandia, Paterna, Benidorm, Sagunto, Alcoy, Sant Vicent del Raspeig, Elda y Villarreal. En total, más de 2,3 millones de personas residen en estas localidades y continúan expuestas a niveles de contaminación que la ley pretendía reducir.
¿Qué es una Zona de Bajas Emisiones (ZBE)?
Una ZBE es un área delimitada dentro de una ciudad donde se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento a los vehículos más contaminantes. El objetivo principal es mejorar la calidad del aire y, por tanto, la salud pública, además de fomentar medios de transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta o la movilidad peatonal.
Las excusas de los ayuntamientos
Los consistorios argumentan diversas razones para justificar los retrasos. Algunos aluden a la complejidad técnica de los proyectos, la necesidad de estudios de tráfico exhaustivos y la falta de directrices claras por parte del Gobierno central durante los primeros meses. Otros han señalado los cambios de gobierno municipal tras las elecciones de mayo de 2023 como un factor que ha ralentizado los procesos administrativos.
A pesar de estas explicaciones, la realidad es que el plazo legal ha sido ignorado. Mientras ciudades como Madrid o Barcelona cuentan con ZBE operativas desde hace años, los municipios valencianos continúan en fases preliminares de estudio o planificación, sin ninguna medida efectiva implementada en las calles.
Consecuencias del incumplimiento
La parálisis en la implementación de las ZBE no es una simple cuestión administrativa. Tiene consecuencias directas y medibles tanto para la salud de los ciudadanos como para las arcas municipales.
Población Afectada
La no implementación de las ZBE en los 15 municipios obligados afecta directamente a la calidad del aire que respiran más de 2.3 millones de personas en la Comunitat Valenciana.
Riesgos para la salud pública
La contaminación del aire, principalmente por dióxido de nitrógeno (NO2) y partículas en suspensión (PM2.5) emitidas por el tráfico rodado, está directamente relacionada con un aumento de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otros problemas de salud graves. Las ZBE son consideradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una de las herramientas más eficaces para combatir este problema en entornos urbanos.
Pérdida de fondos europeos y posibles sanciones
Muchos de los proyectos para diseñar e implementar estas zonas de bajas emisiones han sido financiados con los fondos Next Generation de la Unión Europea. El incumplimiento de los plazos y objetivos comprometidos podría llevar a la obligación de devolver estas ayudas millonarias. Además, la legislación contempla la posibilidad de que el Gobierno central imponga sanciones a los ayuntamientos que no apliquen la ley.
"La inacción no solo perpetúa un problema de salud pública, sino que también pone en riesgo importantes inversiones europeas destinadas a modernizar nuestras ciudades y hacerlas más sostenibles."
El estado de la situación en las principales ciudades
Aunque el panorama general es de incumplimiento, el grado de avance varía ligeramente entre los distintos municipios.
- Valencia: A pesar de tener un proyecto avanzado por el anterior equipo de gobierno, la nueva administración municipal ha decidido revisarlo y retrasar su puesta en marcha. Actualmente, se encuentra en fase de estudio sin una fecha concreta para su aplicación.
- Alicante: El proyecto se encuentra en una fase inicial. Se han realizado estudios previos, pero todavía no se ha definido el perímetro exacto ni el calendario de implementación.
- Elche: Similar a otros municipios, el proyecto está en una etapa de planificación. Se han anunciado intenciones, pero no se han traducido en medidas concretas y operativas.
- Castellón: El ayuntamiento ha iniciado los trámites administrativos y estudios técnicos, pero la implementación efectiva sigue sin fecha definida.
Esta falta de progreso contrasta con la urgencia que marcan tanto la legislación española como las directivas europeas en materia de calidad del aire. La salud de los ciudadanos y la sostenibilidad de las ciudades valencianas siguen esperando mientras los plazos continúan venciéndose.
