El Ayuntamiento de València ha finalizado un acuerdo para recuperar cerca de 9.000 metros cuadrados de suelo público en Patraix y Quatre Carreres. La operación, que implica un pago de 255.000 euros, desbloquea unos terrenos adjudicados en 2010 a una promotora investigada en el caso Azud y permitirá la construcción de 644 viviendas de alquiler asequible.
La empresa municipal Actuaciones Urbanísticas Municipales (Aumsa) ha negociado el pago con la administración concursal de la mercantil Actuaciones Urbanísticas Valencianas al Mar (AUVM), propiedad del empresario Jaime Febrer. Este pacto pone fin a más de una década de parálisis urbanística en una zona clave para la expansión de la vivienda pública en la ciudad.
Puntos Clave
- El Ayuntamiento pagará 255.000 euros para liquidar los derechos sobre nueve parcelas.
- Los terrenos fueron adjudicados en 2010 a una empresa del Grupo Axis, vinculada al caso Azud.
- El proyecto original de vivienda protegida nunca se ejecutó, y la empresa entró en concurso de acreedores en 2015.
- Se proyecta la construcción de 644 viviendas destinadas a alquiler asequible, principalmente de uno y dos dormitorios.
- La oposición critica el pago y argumenta que los terrenos deberían revertir gratuitamente al consistorio.
Un bloqueo de más de una década
El origen de esta situación se remonta a 2010, durante la alcaldía de Rita Barberá. En aquel año, Aumsa adjudicó los derechos de superficie por 99 años sobre varias parcelas en los sectores de Patraix y Quatre Carreres a dos empresas del Grupo Axis, propiedad de Jaime Febrer.
El objetivo era construir vivienda de protección oficial, pero los proyectos nunca llegaron a materializarse. Las investigaciones del caso Azud, llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, han señalado posibles irregularidades en estos procesos de adjudicación, sugiriendo un presunto trato de favor hacia el empresario.
Los informes judiciales recogen reuniones entre Febrer y el entonces vicealcalde, Alfonso Grau, para tratar "intereses particulares" del promotor. La UCO concluye que "se podrían haber llevado a cabo actuaciones [...] con la finalidad de favorecer al Grupo Axis".
La vía del concurso de acreedores
Aunque Aumsa rescindió oficialmente los contratos en mayo de 2016 por incumplimiento de las adjudicatarias, la situación jurídica de los terrenos quedó en un limbo. La promotora AUVM había entrado en concurso de acreedores en 2015, por lo que las parcelas quedaron vinculadas al proceso judicial de liquidación.
Esta circunstancia impedía al Ayuntamiento disponer libremente del suelo para desarrollar nuevos proyectos, manteniendo bloqueado un recurso esencial para las políticas de vivienda pública.
El Caso Azud y su conexión urbanística
El caso Azud es una macrocausa judicial que investiga una presunta trama de corrupción en varias administraciones públicas de la Comunitat Valenciana. La investigación se centra en el supuesto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de contratos públicos, especialmente en el ámbito del urbanismo, durante más de una década.
El acuerdo para desbloquear el suelo
El pacto alcanzado ahora establece que Aumsa abonará 255.000 euros a la administración concursal de la empresa de Febrer. Este importe se justifica como una liquidación por los gastos útiles y proyectos que la mercantil realizó antes de declararse en quiebra.
A cambio, la administración concursal renuncia a cualquier derecho sobre las parcelas. Este paso es fundamental para que el Ayuntamiento pueda levantar todas las cargas y anotaciones preventivas que pesan sobre los terrenos en el Registro de la Propiedad.
Cifras del acuerdo
- Superficie total recuperada: Casi 9.000 m²
- Superficie edificable: 7.800 m²
- Pago de liquidación: 255.000 euros
- Viviendas proyectadas: 644
Una vez que el Juzgado de lo Mercantil número 2 de València ratifique el acuerdo, el consistorio recuperará el control total y libre de cargas del suelo, abriendo la puerta al desarrollo de uno de los proyectos de vivienda asequible más importantes de los últimos años en la ciudad.
Un impulso histórico para la vivienda asequible
El concejal de Vivienda y Urbanismo, Juan Giner, ha calificado la operación como un "impulso histórico". Según Giner, "recuperamos un patrimonio de suelo fundamental que llevaba años bloqueado, lo que nos permite impulsar directamente uno de los mayores paquetes de vivienda asequible de las últimas décadas previstos en la ciudad".
El plan para estas nueve parcelas contempla la construcción de 644 viviendas, la mayoría de ellas de uno y dos dormitorios. Las superficies oscilarán entre los 35 y los 70 metros cuadrados, con el objetivo de atender la creciente demanda de alquiler asequible por parte de jóvenes, familias monoparentales y otros colectivos.
Críticas desde la oposición
El acuerdo no ha estado exento de críticas. Desde el grupo municipal socialista, la concejala Elisa Valía ha censurado la decisión de pagar por unos terrenos que, en su opinión, deberían haberse recuperado de forma gratuita.
"Con el dinero de todos vamos a tener que pagar por unos terrenos que podrían conseguirse de manera gratuita si se reclamasen vía judicial. La empresa estaba obligada a ejecutar unos desarrollos urbanísticos y no lo ha hecho, por lo tanto estos terrenos deben ser devueltos gratuitamente porqué la empresa ha incumplido", ha declarado Valía.
Para el PSPV, esta decisión supone priorizar intereses ajenos al interés general de los valencianos. Sin embargo, el equipo de gobierno defiende el acuerdo como la vía más rápida y segura para desbloquear la situación y acelerar la construcción de vivienda pública tan necesaria en València.
