La Generalitat Valenciana ha emitido un informe contundente que reprende a varios ayuntamientos por obstaculizar la agilización de licencias urbanísticas. Este bloqueo se produce al impedir a los particulares el uso de entidades colaboradoras acreditadas (ECUV), una medida diseñada para desatascar la burocracia municipal y acelerar la puesta en marcha de proyectos.
La situación ha generado importantes retrasos en la tramitación de permisos de obra, afectando la viabilidad de numerosas iniciativas, incluyendo promociones residenciales cruciales en un contexto de emergencia habitacional. El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (Cogiti Valencia) alertó sobre esta problemática, llevando a la intervención del Consell.
Puntos Clave
- La Generalitat Valenciana reprende a ayuntamientos por bloquear el uso de ECUV.
- Esta práctica ha provocado retrasos significativos en licencias urbanísticas.
- Los ayuntamientos están obligados a aceptar proyectos tramitados por ECUV, según la normativa.
- La Ley 7/2023 refuerza el papel de las ECUV, derogando normativas anteriores.
- Se espera una reducción de los plazos de tramitación de un año a poco más de un mes.
El Origen del Problema: Burocracia y Bloqueo Municipal
Durante años, la acumulación de expedientes y los largos periodos para la concesión de licencias de obra han sido un dolor de cabeza para muchos consistorios valencianos. Proyectos de todo tipo, incluidos los de vivienda, esperaban meses por una resolución, poniendo en riesgo su ejecución y generando incertidumbre para promotores y profesionales.
Para mitigar esta parálisis, la administración valenciana estableció, mediante decreto, la figura de las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECUV). Estas entidades acreditadas tienen la función de evaluar y revisar proyectos, aligerando la carga de trabajo de los departamentos municipales y acelerando los procesos.
Dato Relevante
En algunos municipios, como Mislata, trámites que deberían resolverse en aproximadamente un mes se extendían hasta un año debido al bloqueo de las ECUV.
Sin embargo, varios ayuntamientos optaron por no aceptar esta ayuda externa, prolongando innecesariamente los trámites y demorando la puesta en marcha de proyectos esenciales para el desarrollo económico y social de la Comunitat.
Intervención del Consell tras Denuncia de Cogiti Valencia
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (Cogiti Valencia) tomó conocimiento de esta situación irregular. Tras constatar que algunos municipios no estaban aceptando los proyectos tramitados a través de las ECUV, la entidad colegial decidió actuar.
Tomás Játiva, decano de Cogiti Valencia, se reunió con Miguel Ángel Ivorra, director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental de la Generalitat. En esta reunión, Játiva denunció la práctica de los ayuntamientos y defendió los derechos de los ingenieros técnicos industriales, un colectivo directamente afectado por estas restricciones.
"Desde COGITI Valencia se tuvo constancia de que algunos municipios no están aceptando estos proyectos, lo que supone que trámites que deberían resolverse en aproximadamente un mes, se alargasen hasta un año, generando un grave perjuicio tanto para los profesionales como para la actividad económica del municipio", explicaron desde la entidad colegial.
Como resultado de esta denuncia, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio emitió un informe. Este documento ratifica la obligatoriedad de los ayuntamientos de aceptar los proyectos tramitados a través de las ECUV, en cumplimiento de la normativa vigente.
Contexto Normativo
La Ley 7/2023, conocida como Ley de Acompañamiento a los presupuestos, modificó la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP). Esta reforma reforzó el papel de las entidades colaboradoras en la agilización de licencias, dejando sin efecto el Decreto 62/2020, que permitía a los consistorios excluir la actuación de estas entidades en su municipio.
La Elección del Particular y la Obligación Municipal
La normativa actual establece que cualquier particular tiene la libertad de elegir entre la vía ordinaria de tramitación municipal o la alternativa con una ECUV. Esta elección puede ejercerse sin necesidad de una aprobación previa por parte del ayuntamiento. El consistorio debe limitarse a emitir el informe jurídico una vez presentado el proyecto técnico junto con el certificado de conformidad de la entidad colaboradora.
Aunque los ayuntamientos mantienen la posibilidad de regular este sistema mediante una ordenanza, dicha regulación no puede contradecir la elección del interesado. Esto significa que los consistorios están obligados a aceptar los proyectos tramitados por las ECUV y no pueden excluir su uso en su término municipal.
Este criterio se basa en la prevalencia de una norma de rango superior y más reciente sobre disposiciones anteriores que resulten contradictorias. El informe de la Generalitat ha sido distribuido a todos los ayuntamientos de la provincia para asegurar que tengan conocimiento expreso de esta aclaración.
Impacto y Futuro de la Gestión de Licencias
Tomás Játiva expresó su satisfacción con la resolución. "Estamos muy satisfechos porque se ha conseguido defender los derechos de nuestro colectivo y garantizar el cumplimiento de una normativa que algunos ayuntamientos estaban ignorando, actuando en contra de la ley", afirmó.
Este avance promete una mejora sustancial en la gestión municipal. En aquellos ayuntamientos donde las demoras alcanzaban aproximadamente un año, los plazos de tramitación ahora se reducirán a poco más de un mes. Esto facilitará enormemente el desarrollo de nuevos proyectos y la inversión en la Comunitat Valenciana.
La Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Comunitat Valenciana, permite que los colegios profesionales se acrediten como ECUV. Esto les permite asumir funciones técnicas de revisión y verificación con plena garantía de rigor, independencia y seguridad jurídica. La colaboración con estas entidades es clave para una administración más eficiente y transparente.
