El Ayuntamiento de Valencia ha rechazado una vez más la propuesta para declarar la ciudad como "zona de mercado residencial tensionado", una medida que habría permitido intervenir y limitar los precios del alquiler. La decisión se tomó durante un pleno extraordinario marcado por un intenso debate entre el gobierno municipal y los grupos de la oposición, que defienden la regulación como única vía para frenar la escalada de precios que dificulta el acceso a la vivienda.
Puntos Clave
- El pleno del Ayuntamiento de Valencia votó en contra de declarar la ciudad como zona tensionada para el alquiler.
- La oposición, formada por Compromís y PSPV-PSOE, argumentó que la medida es crucial para evitar la expulsión de residentes, especialmente jóvenes y colectivos vulnerables.
- El gobierno del PP defendió que la intervención del mercado ha fracasado en otras ciudades, reduciendo la oferta de viviendas disponibles.
- Asociaciones vecinales y juveniles advirtieron sobre una "emergencia habitacional" y pidieron acciones urgentes para garantizar el derecho a la vivienda.
Un debate de modelos opuestos para la vivienda
La sesión plenaria evidenció dos visiones completamente enfrentadas sobre cómo abordar la crisis de la vivienda en Valencia. Por un lado, los partidos de la oposición insistieron en la necesidad de aplicar la Ley de Vivienda estatal para controlar los precios. Por otro, el equipo de gobierno popular descartó la intervención, apostando por incentivar la construcción y la oferta como solución a largo plazo.
El concejal de Compromís, Pere Fuset, fue uno de los más contundentes en su defensa de la regulación. Comparó la situación actual del alquiler con la especulación de mascarillas durante la pandemia. "Si el Estado intervino para limitar el precio de las mascarillas, ¿por qué no se puede hacer lo mismo con un derecho fundamental como la vivienda?", cuestionó.
"Un alquiler de 1.600 euros al mes es una burrada. La negativa a limitar los precios expulsa a la gente de la ciudad para ayudar a los amigos [inversores], y eso choca con el interés general", afirmó Fuset durante su intervención.
La perspectiva de la oposición: "La vivienda no es una mercancía"
Desde las filas socialistas, el concejal Borja Sanjuán reforzó la idea de que la vivienda debe ser tratada como un derecho y no como un bien de mercado. "En el resto de países de Europa, el mercado de la vivienda está intervenido y nadie dice que estén en una dictadura", señaló.
Sanjuán puso el foco en el impacto directo sobre la población más joven de la ciudad. Los datos que expuso dibujan un panorama complicado para la emancipación juvenil.
Jóvenes y Vivienda en Valencia
- Solo el 15% de los jóvenes valencianos puede permitirse vivir de forma independiente.
- Quienes lo logran, a menudo deben destinar más del 80% de su sueldo al pago del alquiler.
- El Consell de la Joventut ha alertado de que la situación es "insostenible" y pide "soluciones y no discursos vacíos".
Para la oposición, la única medida efectiva a corto plazo es la limitación de precios. "Ningún joven que quiere una vivienda puede esperar cuatro años a que se levanten mil viviendas protegidas", concluyó Sanjuán, advirtiendo que la ciudad fracasará si sus salarios no permiten vivir en ella.
La postura del gobierno: "La regulación reduce la oferta"
El gobierno municipal, a través del concejal de Vivienda, Juan Giner, defendió su rechazo a la medida basándose en las experiencias de otras ciudades europeas donde, según afirmó, la regulación ha tenido efectos contraproducentes.
"Cuando implantas la regulación, los alquileres más bajos se salen del mercado y solo se mantienen los más altos. Se pierde oferta", explicó Giner. Mencionó los casos de Barcelona, Berlín y París como ejemplos de modelos fallidos que han agravado el problema en lugar de solucionarlo.
¿Qué significa declarar una "zona tensionada"?
La Ley por el Derecho a la Vivienda permite a las comunidades autónomas, a petición de los ayuntamientos, declarar áreas como "zonas de mercado residencial tensionado". Esto ocurre cuando el coste medio de la hipoteca o el alquiler supera el 30% de los ingresos medios de los hogares, o cuando el precio de alquiler ha subido al menos 3 puntos por encima del IPC en los últimos cinco años. En estas zonas, se pueden aplicar límites a las subidas de los nuevos contratos de alquiler.
Giner también criticó la gestión del anterior gobierno de izquierdas, acusándolos de no haber promovido la construcción de vivienda pública ni haber agilizado las licencias. "Sus ocho años de no actividad nos han llevado a esta situación", declaró, al tiempo que reprochó al Gobierno de España la falta de avances en los proyectos de vivienda en los antiguos cuarteles de Artillería e Ingenieros.
La voz de la sociedad civil: "La ciudad explotará"
El pleno contó con la participación de varias asociaciones ciudadanas que pidieron valentía a los políticos para actuar. Representantes de colectivos como la Asociación Intercultural Candombe y Mujeres, Voces y Resistencias denunciaron las dificultades que enfrentan los colectivos vulnerables, con "contratos imposibles" y "prácticas racistas" por parte de algunas inmobiliarias.
Una portavoz de una plataforma por la vivienda, en representación de la Asociación de Vecinos de La Torre, lanzó una advertencia clara: "Estamos en emergencia habitacional. Si no ponéis límites, la ciudad explotará, porque la gente quiere tener libertad para tener un hogar".
La preocupación se intensifica ante el fin del llamado "escudo social" el próximo 31 de diciembre, que dejará a muchas familias desamparadas sin las medidas de protección actuales. Las asociaciones solicitaron una reunión con la alcaldesa María José Catalá para abordar un análisis serio de las necesidades de vivienda en la ciudad, insistiendo en que la solución no depende únicamente de la administración local.
Con posturas tan distantes, el debate sobre el control de los alquileres en Valencia queda aplazado, pero el problema de fondo sigue creciendo, afectando a miles de ciudadanos que ven cada vez más difícil encontrar un lugar asequible donde vivir en la ciudad.
