Un análisis de los datos oficiales del Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana revela una brecha significativa entre la oferta de alojamientos turísticos anunciados en internet y los que cuentan con registro legal. La cifra de apartamentos ilegales supera el 33% del total, evidenciando un desafío regulatorio en medio de una creciente tensión por la vivienda.
Datos Clave del Informe
- Un total de 9.003 viviendas turísticas se anuncian en las principales plataformas online en València.
- Solo 5.952 de estas viviendas están inscritas en el registro oficial de la Generalitat.
- La diferencia, 3.051 apartamentos, operan sin la licencia requerida, representando más de un tercio de la oferta.
- A pesar de la moratoria de licencias activa desde mayo de 2024, se han registrado legalmente más de 1.350 pisos nuevos.
Una Realidad Oculta en las Cifras
El fenómeno de los pisos turísticos en València es visible en muchos barrios, donde las cajas de llaves con código y el trasiego constante de maletas se han vuelto parte del paisaje. Sin embargo, la magnitud real del problema solo se comprende al cruzar los datos de distintas administraciones públicas.
Según la información más reciente del Sistema de Inteligencia Turística (SIT) de la fundación Visit València, que monitoriza portales como Airbnb y Booking, la ciudad alberga una oferta de 9.003 apartamentos turísticos. Pero esta cifra contrasta fuertemente con los registros oficiales.
El Registro Autonómico de Turismo de la Comunitat Valenciana, de inscripción obligatoria para cualquier operador, solo tiene constancia de 5.952 viviendas de uso turístico en la capital. Este desfase de más de 3.000 propiedades pone de manifiesto la existencia de un amplio mercado sumergido que escapa al control administrativo y fiscal.
¿Cómo se Miden los Datos?
Visit València utiliza su plataforma SIT para agregar los anuncios publicados en cuatro de los portales más importantes: Airbnb, Booking, Tripadvisor y HomeAway. Por otro lado, la Generalitat Valenciana gestiona el registro oficial donde todo alojamiento debe inscribirse para operar legalmente. La comparación de ambas fuentes permite estimar la cantidad de oferta ilegal.
La Moratoria y sus Fisuras
En un intento por frenar la proliferación de estos alojamientos, el Ayuntamiento de València implementó en mayo de 2024 una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias. A pesar de esta medida, el número de apartamentos registrados legalmente no ha dejado de crecer.
Desde la entrada en vigor de la suspensión, más de 1.350 pisos han conseguido su alta en el registro autonómico. Este aparente contrasentido se explica por dos factores clave. Primero, la moratoria no tiene carácter retroactivo, por lo que no afecta a las solicitudes que ya estaban en trámite.
Segundo, la legislación autonómica permite que el certificado de compatibilidad urbanística, un documento esencial para el registro, sea emitido no solo por el ayuntamiento, sino también por entidades privadas acreditadas (ECUV). Esto ha abierto una vía para que algunos propietarios obtengan la documentación necesaria y completen su inscripción a pesar del bloqueo municipal.
Crecimiento Pese a la Suspensión
El registro de más de 1.350 apartamentos turísticos desde mayo de 2024 demuestra las dificultades para aplicar un freno efectivo al crecimiento de la oferta, incluso con una moratoria en vigor.
El Impacto en los Barrios y la Tensión Política
La expansión descontrolada de los pisos turísticos es una fuente constante de preocupación para los vecinos. Colectivos sociales denuncian que la conversión de viviendas residenciales y bajos comerciales en alojamientos para visitantes está reduciendo drásticamente la oferta de alquiler a largo plazo y disparando los precios, agravando la crisis habitacional.
El gobierno municipal afirma estar intensificando las inspecciones y asegura haber emitido órdenes de cese de actividad para cerca de 1.000 apartamentos. Sin embargo, estas órdenes son un trámite administrativo que no siempre se traduce en el cierre inmediato del negocio.
La gestión de esta problemática también ha generado un fuerte debate político. Desde la oposición, el concejal socialista Javier Mateo ha puesto en duda la reciente reducción de anuncios online, que ha pasado de unos 10.500 en junio a los 9.003 actuales. Atribuye este descenso a un posible "maquillaje" de las estadísticas.
“Sospechamos que no han cerrado ni un solo piso turístico ilegal y que lo único que han hecho ha sido borrar esos anuncios de la plataforma para que los datos cuadren con su discurso político. No es una política de control, es una operación de maquillaje”, denunció Mateo.
El concejal critica la falta de transparencia del gobierno local al no explicar los cambios metodológicos en el sistema de medición del SIT, lo que, a su juicio, alimenta las sospechas de una manipulación de datos para proyectar una imagen de control que no se corresponde con la realidad de los barrios.
La Presión Nacional sobre las Plataformas
Parte de la reducción en el número de anuncios visibles en internet podría deberse a factores externos a la gestión municipal. El pasado mes de julio entró en vigor una normativa del Ministerio de Consumo que obliga a todas las plataformas digitales a mostrar el número de registro oficial en cada anuncio.
Esta medida ha provocado la retirada de miles de anuncios ilegales en toda España. De hecho, Airbnb confirmó la eliminación de aproximadamente 65.000 anuncios en el país que no cumplían con este requisito legal. Esta presión regulatoria a nivel nacional podría explicar, al menos en parte, la disminución de la oferta visible en València, aunque la oferta ilegal real podría seguir activa a través de otros canales.
Mientras tanto, la disparidad de cifras y la elevada presencia de oferta irregular confirman la complejidad de regular un fenómeno con profundas implicaciones para el modelo turístico y, sobre todo, para el derecho a la vivienda en la ciudad.
