Varias familias vulnerables del barrio de La Fuensanta en València denuncian una campaña de acoso y presión para que abandonen sus viviendas. La situación se produce tras la compra de los inmuebles por un fondo de inversión ruso y coincide con la inminente finalización del 'Escudo Social' del Gobierno, que ha protegido a miles de hogares frente a los desahucios.
Organizaciones vecinales y colectivos sociales que apoyan a los afectados alertan de una "situación insostenible" y reclaman una intervención urgente por parte de las administraciones públicas para garantizar el derecho a la vivienda de estas personas.
Puntos Clave
- Familias en el barrio de La Fuensanta denuncian tácticas de hostigamiento por parte de un fondo de inversión ruso, Georgy City Finance.
- Las presiones incluyen llamadas insistentes, amenazas y visitas intimidatorias para forzar su salida de las viviendas.
- La situación se agrava ante el fin del 'Escudo Social' el 31 de diciembre, que ha frenado desahucios desde 2020.
- La Generalitat Valenciana renunció a su derecho de tanteo para adquirir estas viviendas y destinarlas a alquiler social.
Una nueva propiedad y el inicio de las presiones
La tranquilidad de varias familias en el barrio de La Fuensanta se ha visto alterada en los últimos meses. Sus viviendas, que anteriormente pertenecían a un fondo español vinculado al estadounidense Cerberus, fueron adquiridas recientemente por un nuevo propietario: el fondo de inversión ruso Georgy City Finance.
Según los testimonios de los vecinos afectados, el cambio de titularidad ha supuesto el inicio de una campaña de presión para acelerar su expulsión. Los residentes, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad, describen un patrón de hostigamiento que busca generarles inseguridad y miedo.
Entre los casos documentados se encuentra el de Victoria Pedrajas, madre de una menor, quien afirma recibir desde hace tiempo llamadas telefónicas insistentes, documentos dejados bajo su puerta con amenazas veladas y visitas de hombres a su domicilio con una clara "intención intimidatoria".
Un método para generar impagos falsos
Las organizaciones que acompañan a las familias han identificado una táctica especialmente preocupante que ya se utilizaba con la anterior propiedad. "Pagan el alquiler, pero el fondo español devolvía el dinero y sostenía después que no se estaba pagando", explican los colectivos.
Esta práctica, según denuncian, crea un falso relato de impago que aumenta la vulnerabilidad jurídica de los inquilinos y facilita los argumentos para un futuro desahucio. De hecho, ya se han ejecutado algunos desalojos que han afectado a personas mayores y familias del barrio.
La operación inmobiliaria
El fondo Georgy City Finance adquirió un paquete de nueve viviendas a la firma Promontoria Coliseum Real Estate por un total de 575.460 euros. Algunas de estas viviendas fueron compradas por precios tan bajos como 23.350 euros. La Generalitat Valenciana tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de tanteo para comprar los inmuebles y añadirlos al parque público de vivienda social, pero renunció a ello.
El fin del 'Escudo Social' aumenta la incertidumbre
La situación de estas familias se ve agravada por un factor externo que afecta a miles de hogares en toda España: la finalización del 'Escudo Social'. Este Real Decreto-ley, aprobado inicialmente durante la pandemia, ha permitido suspender los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional.
Desde su implantación en 2020, esta medida ha frenado cerca de 60.000 desalojos en todo el país, lo que representa el 24% de todos los procedimientos de desahucio iniciados en los últimos cuatro años. Sin embargo, su vigencia termina el próximo 31 de diciembre.
La no renovación del decreto podría dejar a las familias de Fuensanta, y a muchas otras, sin la única protección legal que les ampara. "Si el escudo social caduca, no puede caducar la protección de la vida digna", reclaman los colectivos en un comunicado.
¿Qué es el 'Escudo Social'?
El 'Escudo Social' es un conjunto de medidas gubernamentales para proteger a los hogares vulnerables. En materia de vivienda, su principal función ha sido la suspensión de los procedimientos de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Su prórroga está actualmente en debate político, con la mayoría de los socios de investidura a favor de extenderla, pero aún sin un acuerdo cerrado.
La respuesta del barrio y las exigencias a la administración
Ante lo que consideran un ataque directo al derecho a la vivienda, el tejido social de La Fuensanta se ha movilizado. La Asociación de Vecinos, junto a entidades como Psicólogas sin Fronteras, València Acull o Mensajeros de la Paz, están dando apoyo a las familias y visibilizando el problema.
Consideran que no se trata de casos aislados, sino del "resultado de una política de vivienda insuficiente y de permitir que fondos especulativos controlen hogares habitados".
"Esto no es ‘mala suerte’: es el resultado de una política de vivienda insuficiente y de permitir que fondos especulativos controlen hogares habitados."
El movimiento vecinal ha hecho un llamamiento directo a las administraciones, especialmente a la Generalitat Valenciana, para que actúen de forma contundente. Sus reclamaciones son claras:
- Intermediación inmediata: Piden que la administración medie con el fondo de inversión para frenar las presiones y garantizar que las familias puedan permanecer en sus casas.
- Soluciones residenciales: Exigen alternativas estables que impidan las expulsiones y ofrezcan seguridad a largo plazo.
- Uso del tanteo y retracto: Reclaman que, en el futuro, la Generalitat ejerza su derecho de compra preferente para que estas viviendas pasen a ser de titularidad pública.
- Políticas efectivas: Solicitan un cambio de rumbo en las políticas de vivienda para que se priorice el derecho de las personas sobre el beneficio económico de los fondos de inversión.
Como medida de presión, diferentes organizaciones por el derecho a la vivienda han convocado una manifestación el próximo 20 de diciembre en València para exigir al Gobierno central la prórroga del decreto antidesahucios. "La vivienda no es un privilegio: es un derecho. Y el barrio no se abandona", concluyen las familias y los colectivos que las apoyan.
