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PSOE y Compromís rechazan sancionar al edil de Paiporta por la polémica lingüística

PSOE y Compromís votan en contra de las mociones del PP y Vox que pedían la dimisión y reprobación de un edil de Paiporta por negarse a hablar en castellano a una vecina.

Roberto Fernández
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Roberto Fernández

Periodista especializado en política local y administración pública en València. Cubre la actividad del Ayuntamiento, con especial atención a los procesos de participación ciudadana, presupuestos y su impacto en los barrios.

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PSOE y Compromís rechazan sancionar al edil de Paiporta por la polémica lingüística

El gobierno municipal de Paiporta, formado por PSOE y Compromís, ha utilizado su mayoría en el pleno para rechazar las mociones que pedían la reprobación del concejal socialista Alejandro Jorge Sánchez Tarazona. La controversia se originó cuando el edil se negó a responder en castellano a una vecina que no entendía el valenciano durante una sesión plenaria anterior.

Puntos Clave

  • PSOE y Compromís votaron en contra de las mociones presentadas por el Partido Popular y Vox.
  • Las propuestas de la oposición pedían la reprobación, dimisión y una disculpa pública del concejal implicado.
  • El incidente ocurrió en un pleno previo, cuando el edil se dirigió exclusivamente en valenciano a una ciudadana que solicitó el uso del castellano.
  • La oposición acusa al concejal de una actitud "ofensiva" y de no respetar los derechos lingüísticos de los ciudadanos.

El Pleno Bloquea las Medidas de la Oposición

Durante la sesión plenaria celebrada este jueves en el Ayuntamiento de Paiporta, la tensión política fue el centro del debate. Los grupos de la oposición, Partido Popular y Vox, presentaron dos mociones separadas pero con un objetivo común: exigir responsabilidades políticas al concejal de Reconstrucción, Alejandro Jorge Sánchez Tarazona.

Ambas iniciativas fueron debatidas de forma conjunta, pero se sometieron a votación por separado. En ambos casos, el resultado fue el mismo: el bloque de gobierno, compuesto por el PSOE y Compromís, votó en contra, impidiendo que prosperaran las peticiones de reprobación.

Las Exigencias del Partido Popular y Vox

Las mociones de la oposición contenían una serie de medidas contundentes. Vox, por su parte, solicitaba la "reprobación formal" del concejal por lo que calificaron de "comportamiento impropio y ofensivo". Además, pedían su dimisión inmediata y la emisión de una disculpa pública por escrito dirigida tanto a la vecina afectada como a todos los residentes de Paiporta.

El Partido Popular fue un paso más allá. Su propuesta no solo incluía la reprobación y la solicitud de dimisión, sino que también planteaba consecuencias directas en caso de que el edil no abandonara su cargo. Exigían que, si no dimitía, se le retiraran todas sus competencias y las retribuciones económicas asociadas a su dedicación en el consistorio.

Contexto Político en Paiporta

El Ayuntamiento de Paiporta está gobernado por una coalición de izquierdas formada por el PSOE y Compromís. Esta alianza les otorga la mayoría necesaria para aprobar o rechazar iniciativas en el pleno municipal, como ha ocurrido en esta ocasión. El PP y Vox conforman los grupos de la oposición.

El Origen de la Controversia Lingüística

El debate que ha marcado la actualidad política de Paiporta tiene su origen en un pleno anterior. Durante el turno de intervención del público, una vecina, originaria de Cuenca, se dirigió al concejal Sánchez Tarazona para plantear una pregunta. El edil comenzó su respuesta en valenciano.

La ciudadana le interrumpió para indicarle que no comprendía el valenciano y le pidió, por favor, que le respondiera en castellano para poder entenderle. Según los testimonios, el concejal se negó a cambiar de idioma y continuó su intervención en valenciano, lo que generó un profundo malestar en la vecina y en parte del público presente.

"El gesto del edil indignó a los vecinos y a los dos partidos de la oposición", recogía la información original sobre el suceso, destacando el impacto inmediato que tuvo la negativa del concejal.

Este acto fue interpretado por la oposición como una falta de respeto institucional y una vulneración de los derechos de la ciudadanía a ser atendida en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana.

Propuestas para Garantizar los Derechos Lingüísticos

Más allá de las peticiones de dimisión, las mociones de la oposición incluían propuestas destinadas a evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Una de las iniciativas más destacadas provino de Vox, que instaba al Ayuntamiento a tomar medidas proactivas.

En su texto, el grupo municipal solicitaba al consistorio "diseñar e implantar un protocolo municipal de respeto al ciudadano". El objetivo de este protocolo sería claro y conciso:

  • Garantizar el derecho de todo vecino a ser atendido en cualquiera de las lenguas oficiales reconocidas.
  • Establecer la obligación de un trato educado, neutral y respetuoso por parte de todos los miembros de la corporación.
  • Asegurar que el personal funcionario también se adhiera a estas pautas de comunicación inclusiva.

Esta propuesta, sin embargo, tampoco recibió el apoyo del equipo de gobierno, por lo que fue igualmente desestimada junto con el resto de puntos de la moción.

Cooficialidad Lingüística en la Comunitat Valenciana

El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana establece en su artículo 6 que los dos idiomas oficiales son el valenciano y el castellano. La ley garantiza que todos los ciudadanos tienen derecho a conocerlos y a usarlos, y a recibir enseñanza en ambas lenguas. Las administraciones públicas deben garantizar su uso normal y oficial.

Las Consecuencias Políticas del Incidente

El rechazo de las mociones ha consolidado la división en el consistorio de Paiporta. Mientras que el gobierno de PSOE y Compromís cierra filas en torno a su concejal, la oposición considera que se ha perdido una oportunidad para rectificar y mostrar empatía hacia la ciudadanía.

La negativa a reprobar al edil y a emitir una disculpa formal ha sido criticada duramente por PP y Vox, que acusan al gobierno local de proteger a uno de sus miembros por encima del respeto a los derechos de los vecinos. Según la oposición, esta decisión envía un mensaje negativo sobre la gestión de la diversidad lingüística en el municipio.

Por ahora, Alejandro Jorge Sánchez Tarazona continuará en su cargo con todas sus competencias y retribuciones. La polémica, sin embargo, ha puesto de relieve el debate sobre el uso de las lenguas cooficiales en las instituciones y la necesidad de establecer protocolos claros que aseguren una comunicación fluida y respetuosa entre los cargos públicos y todos los ciudadanos, independientemente de la lengua que utilicen.