El grupo municipal Compromís ha puesto en evidencia la gestión de los apartamentos turísticos del Ayuntamiento de València al alquilar y ofrecer una rueda de prensa desde un inmueble en la Malva-rosa que, según el consistorio, figuraba como clausurado. La acción busca cuestionar las cifras oficiales del gobierno de María José Catalá, que asegura haber cerrado más de mil pisos ilegales.
La portavoz de la formación, Papi Robles, compareció desde el interior del apartamento para demostrar que, a pesar de las órdenes de cese de actividad, muchos de estos alojamientos continúan operando con normalidad en las plataformas de alquiler, generando un conflicto directo con las políticas de vivienda y la convivencia vecinal.
Puntos Clave
- Compromís alquiló un apartamento en la Malva-rosa que estaba en la lista oficial de inmuebles cerrados por el Ayuntamiento.
- La formación acusa al gobierno de María José Catalá de ineficacia y de presentar como cierres lo que son simples actas de inspección.
- El Ayuntamiento responde que la licencia del piso se solicitó en 2022, durante el mandato anterior, y que es legal.
- El caso expone la tensión política y social sobre la regulación de los apartamentos turísticos y su impacto en los barrios de València.
Una protesta desde un piso supuestamente clausurado
La mañana de este lunes, Compromís llevó su labor de oposición a un nuevo nivel. Convocaron a los medios de comunicación en un bajo turístico de la calle Beato Juan Grande, en el barrio de la Malva-rosa. El objetivo no era solo hablar, sino demostrar. El grupo municipal había alquilado el apartamento a través de la plataforma Booking por 177 euros para una estancia de dos noches.
Lo significativo del hecho es que este inmueble específico estaba incluido en el listado que el propio Ayuntamiento de València facilitó a Compromís sobre los apartamentos cuya actividad había sido cesada. Según la documentación oficial, el piso recibió una orden de suspensión inmediata de su uso turístico en mayo de 2024.
"Este piso lo hemos podido alquilar sin ningún problema. Esto es lo que vive el vecindario cada día: anuncios de cierres que no se cumplen y pisos que siguen operando como si nada", declaró Papi Robles durante la comparecencia.
"Su política es papel mojado: no protege al vecindario frente a los abusos, no hace cumplir la legalidad y siempre trabaja para favorecer a los especuladores", afirmó la portavoz de Compromís.
La guerra de cifras y la falta de transparencia
El trasfondo de esta acción es un debate sobre la veracidad de los datos ofrecidos por el gobierno municipal. La alcaldesa María José Catalá anunció recientemente el cierre de "más de 1.000 apartamentos turísticos ilegales en solo año y medio", destacando la labor de los inspectores y la Policía Local.
Sin embargo, Compromís ha puesto en duda estas cifras. Tras solicitar el listado oficial y recibirlo solo después de recurrir al Síndic de Greuges, la formación comprobó que el documento contenía alrededor de 800 registros, no los 1.000 anunciados. Además, una verificación posterior reveló que muchos de ellos seguían activos.
El portal de denuncias ciudadanas
Como parte de su campaña, Compromís habilitó la web quenotetiren.com, a través de la cual afirman haber tramitado más de 5.000 denuncias de ciudadanos sobre presuntos apartamentos ilegales. Estas denuncias han sido remitidas al Ministerio de Vivienda.
Para la coalición, el caso del apartamento de la Malva-rosa es un ejemplo paradigmático. Sostienen que muchas de las resoluciones del Ayuntamiento no son órdenes de cierre efectivas, sino "simples actas de inspección".
La respuesta del Gobierno Municipal
La reacción del equipo de gobierno no se hizo esperar. Fuentes del Ayuntamiento de València calificaron la acción de Compromís como una "performance" y acusaron a la oposición de manipular la información. Según el consistorio, la solicitud de licencia para este apartamento se realizó en 2022, cuando Compromís formaba parte del gobierno local.
"Ellos han dado la prueba de que ahora estamos corrigiendo su ausencia de normativa sobre apartamentos turísticos", señalaron desde el gobierno municipal. Argumentan que, al tener una solicitud previa a la moratoria actual, el apartamento no se ve afectado por la misma y su situación es legal.
Un debate sobre la herencia política
El gobierno del PP acusa al anterior ejecutivo de Compromís y PSOE de haber permitido una "barra libre" en la concesión de licencias. Por su parte, Compromís reprocha a la actual administración una falta de acción contundente y de priorizar los titulares mediáticos sobre las soluciones reales para los problemas de vivienda que genera la turistificación.
El Ayuntamiento añadió que la asociación de vecinos del barrio había presentado una denuncia sobre el inmueble y que, casualmente, esa misma mañana se les había comunicado que el apartamento disponía de licencia y era legal. "Han instigado a un apartamento legal. Es vergonzoso que monten numeritos con situaciones que ellos crearon", concluyeron.
El impacto en los barrios y el futuro de la vivienda
Más allá del enfrentamiento político, este episodio subraya un problema creciente en València: la proliferación de apartamentos turísticos y su impacto en el mercado de la vivienda y la vida de los barrios. Asociaciones vecinales, como la del Cabanyal, llevan tiempo denunciando la expulsión de residentes debido al aumento de los precios del alquiler y la pérdida de tejido social.
Compromís exige al gobierno de Catalá una mayor transparencia, la ejecución real de las órdenes de cierre y un cambio de modelo que ponga el derecho a la vivienda por encima de los intereses especulativos.
Mientras tanto, el debate sigue abierto. La efectividad de la moratoria, la capacidad inspectora del Ayuntamiento y la voluntad política para atajar el problema de los alojamientos ilegales continúan siendo un punto central de la agenda política y social de la ciudad.
