La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de València ha denunciado públicamente que la Generalitat Valenciana no está tramitando las denuncias por acoso inmobiliario. Esta situación, según la organización, deja en un estado de total desprotección a los inquilinos que sufren presiones y amenazas por parte de grandes propietarios para que abandonen sus viviendas.
La acusación se centra en la inacción de la Conselleria de Vivienda, que estaría incumpliendo la Ley por la Función Social de la Vivienda de 2017. Esta normativa establece un procedimiento sancionador específico para castigar estas prácticas abusivas, pero según la PAH, el mecanismo no se está aplicando.
Puntos Clave
- La PAH acusa a la Generalitat Valenciana de no procesar las denuncias por acoso inmobiliario.
- La inacción afecta a la Ley por la Función Social de la Vivienda, que prevé sanciones para estas prácticas.
- Los inquilinos denuncian recibir amenazas y presiones para abandonar sus hogares.
- La falta de tramitación impide la imposición de multas que podrían disuadir a los acosadores.
El Origen de la Denuncia de la PAH
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha elevado la voz para señalar una grave parálisis administrativa en la Generalitat Valenciana. La organización afirma que las denuncias presentadas por inquilinos que sufren acoso inmobiliario no avanzan, quedando estancadas sin que se inicie el procedimiento sancionador correspondiente.
José Luis González, portavoz de la PAH València, ha explicado que la situación es crítica. "Tenemos constancia de decenas de familias que han documentado y presentado sus casos, pero no reciben ninguna respuesta", afirma. Esta falta de acción gubernamental genera una profunda sensación de impunidad entre los grandes tenedores y fondos de inversión que, según la plataforma, utilizan tácticas de presión para expulsar a los inquilinos.
"Recibimos amenazas constantes para que nos vayamos. Nos dicen que si no aceptamos sus condiciones, la vida aquí será imposible. La administración debería protegernos, pero nos sentimos abandonados", declara una de las afectadas que prefiere mantener el anonimato.
La denuncia no es nueva, pero la PAH asegura que el problema se ha intensificado en los últimos meses, coincidiendo con un aumento de la presión en el mercado del alquiler en València y otras grandes ciudades de la Comunitat.
Un Mecanismo Legal Ignorado por la Administración
La principal herramienta legal para combatir estas prácticas es la Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la Función Social de la Vivienda de la Comunitat Valenciana. Esta legislación fue pionera en su momento al tipificar el acoso inmobiliario como una infracción muy grave y dotar a la administración autonómica de la capacidad de actuar de oficio.
¿Cómo Funciona la Ley contra el Acoso?
La ley establece un procedimiento claro. Un inquilino que se sienta acosado puede presentar una denuncia ante la Conselleria de Vivienda. La administración tiene la obligación de abrir un expediente, investigar los hechos y, si se confirman, imponer sanciones económicas al propietario. Estas multas son significativas y buscan ser un elemento disuasorio.
Sin embargo, la PAH denuncia que este mecanismo está completamente bloqueado. Las denuncias se registran, pero los expedientes no se tramitan. Esto impide que se lleven a cabo las inspecciones necesarias para verificar las tácticas de acoso, que a menudo son sutiles y difíciles de probar sin una investigación oficial.
Las Sanciones que No se Aplican
La ley contempla un régimen sancionador severo para quienes cometen acoso inmobiliario. Las multas están diseñadas para que estas prácticas no resulten rentables para los grandes propietarios.
- Infracciones graves: Sanciones de 9.151 a 350.000 euros.
- Infracciones muy graves: Sanciones desde 350.001 hasta 950.000 euros.
La falta de tramitación de las denuncias significa que estas multas nunca llegan a imponerse, lo que, en la práctica, anula el efecto protector de la ley y deja a los inquilinos sin defensa frente a los abusos.
El Impacto Humano del Bloqueo Administrativo
Detrás de cada denuncia paralizada hay una familia viviendo en una situación de estrés y ansiedad constante. Las tácticas de acoso que reportan los afectados son variadas y buscan minar la resistencia de los inquilinos para forzar su salida.
Entre las prácticas denunciadas se encuentran:
- Negativa a cobrar el alquiler para generar una falsa deuda y justificar un desahucio.
- Cortes de suministros básicos como agua o luz sin justificación.
- Realización de obras molestas y ruidosas en el edificio a horas intempestivas.
- Amenazas verbales y coacciones por parte de personal enviado por la propiedad.
- Negativa a realizar reparaciones necesarias para mantener la habitabilidad de la vivienda.
Carlos Navarro Castelló, periodista que ha seguido estos casos, señala que "la agonía de estas familias es doble: por un lado, sufren la presión del propietario; por otro, la frustración de ver que la administración que debería ampararles les da la espalda". La falta de respuesta institucional agrava el problema, ya que los acosadores perciben que sus acciones no tendrán consecuencias.
La Necesidad de una Respuesta Institucional Urgente
La PAH exige a la Conselleria de Vivienda, dirigida actualmente por el Vicepresidente Segundo Héctor Illueca, que desbloquee de inmediato la tramitación de los expedientes. Piden que se dote al departamento de los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo las inspecciones y ejecutar el régimen sancionador previsto en la ley.
La organización advierte que, de no actuar, la Generalitat se convierte en cómplice por omisión de una vulneración flagrante del derecho a la vivienda. "No pedimos favores, exigimos que se cumpla la ley", recalca González. La plataforma no descarta iniciar movilizaciones si la situación de bloqueo persiste.
El problema del acoso inmobiliario es una de las caras más oscuras de la crisis de la vivienda. Mientras los precios del alquiler continúan subiendo, la protección de los inquilinos más vulnerables se convierte en una prueba fundamental para las administraciones públicas. La denuncia de la PAH pone el foco en una herramienta legal que existe, pero que de nada sirve si se queda en papel mojado.
