El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha desmentido de manera categórica la versión ofrecida por el máximo responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, durante su declaración en la investigación judicial sobre la DANA. Mompó afirmó que es "mentira" que Polo solicitara el envío de una alerta masiva para que la población se refugiara en las plantas altas de los edificios antes de las 18:00 horas del día de la catástrofe.
Esta declaración contradice directamente el testimonio de Polo ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga la gestión de la emergencia. El desmentido de Mompó se suma a la falta de respaldo de otros testigos, como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, lo que introduce una notable discrepancia en el relato de los hechos ocurridos en el Centro de Coordinación de Emergencias (CECOPI).
Puntos Clave
- Vicent Mompó, presidente de la Diputación, califica de "mentira" la afirmación de Miguel Polo sobre una solicitud de alerta.
- Miguel Polo, presidente de la CHJ, declaró haber pedido un mensaje para que la gente subiera a plantas altas durante la DANA.
- Ningún otro testigo, incluida la delegada del Gobierno, ha corroborado la versión de Polo hasta la fecha.
- La investigación judicial busca esclarecer las responsabilidades en la gestión de la emergencia en el CECOPI.
- La declaración de Polo también revela que no supo del aumento crítico del caudal del barranco del Poyo hasta las 18:43 horas.
Declaraciones contradictorias en el centro de la investigación
La investigación sobre la gestión de la DANA que afectó gravemente a la provincia de Valencia ha entrado en una fase de testimonios clave que revelan profundas contradicciones. La comparecencia de altos cargos que estuvieron presentes en el CECOPI el día de la tragedia está siendo fundamental para reconstruir la cadena de decisiones.
En este contexto, la declaración de Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ha generado una fuerte reacción. Polo testificó ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra que, durante la reunión de coordinación, instó a enviar una alerta a la población con la instrucción específica de "subir a las plantas altas".
La contundente negativa de Vicent Mompó
Frente a esta afirmación, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, quien también participó en dicha reunión, ha sido tajante. "Es mentira, no dijo nada", declaró Mompó, negando por completo que Polo realizara tal petición antes de que la situación se descontrolara.
La firmeza de Mompó pone en duda una parte central del testimonio de Polo, que buscaba posicionarse como una voz de alerta temprana dentro del comité de crisis. Esta discrepancia es crucial, ya que apunta a posibles fallos en la comunicación y en la toma de decisiones en los momentos más críticos de la emergencia.
El papel del CECOPI en la emergencia
El Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) es el órgano encargado de dirigir y coordinar las actuaciones en situaciones de grave riesgo o catástrofe. En él se reúnen representantes de todas las administraciones implicadas (Gobierno central, Generalitat, diputaciones, ayuntamientos) y cuerpos de seguridad y emergencias para tomar decisiones unificadas. La investigación se centra en determinar si las decisiones tomadas en su seno fueron las adecuadas y si se actuó con la celeridad necesaria.
El testimonio de Polo y el barranco del Poyo
La declaración de Miguel Polo ante la jueza no solo se centró en la supuesta petición de alerta, sino que también arrojó luz sobre el momento en que tuvo conocimiento de la gravedad de la situación en uno de los puntos más conflictivos: el barranco del Poyo.
Según su testimonio, fue informado a las 18:43 horas, a través de un correo electrónico, del incremento extraordinario del caudal. Este dato es significativo, ya que para esa hora la situación en muchas localidades ya era crítica. Polo intentó matizar la importancia de este hecho, describiendo el caudal como "importante, pero congruente con lo que estaba pasando en todos lados", una valoración que ahora está bajo escrutinio judicial.
"Fui informado a las 18:43 horas por un correo sobre el incremento del caudal del barranco del Poyo. Es un caudal importante, pero congruente con lo que estaba pasando en todos lados".
Esta cronología sugiere que la información sobre el riesgo inminente de desbordamiento no fluyó con la rapidez necesaria hacia los máximos responsables de la gestión hídrica, lo que podría haber retrasado la adopción de medidas de protección a la población.
Otras declaraciones no respaldan la versión de Polo
La versión del presidente de la CHJ sobre su petición de alerta se debilita al no encontrar eco en los testimonios de otras personas presentes en el CECOPI. Según fuentes de la investigación, hasta el momento ninguno de los testigos que han declarado ha mencionado que Polo realizara dicha solicitud.
La transcripción de Pilar Bernabé
Un elemento clave que apoya la versión de Mompó es la transcripción de la declaración de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. En su testimonio, Bernabé no hace referencia a la supuesta petición de Polo. Además, su declaración precisa que "en la primera conexión no se habla de ES-Alert", el sistema de alertas masivas a móviles, lo que contradice la idea de que se estuviera debatiendo activamente un mensaje de esas características en las primeras horas.
La falta de corroboración por parte de otros altos cargos, especialmente de la máxima representante del Gobierno en la Comunitat Valenciana, aísla la versión de Polo y la convierte en un punto central de la investigación judicial. La jueza deberá ahora contrastar todas las declaraciones para determinar la secuencia real de los hechos.
Implicaciones judiciales y políticas
El choque de versiones entre dos altos cargos como Vicent Mompó y Miguel Polo tiene importantes implicaciones tanto judiciales como políticas. Para la investigación, es fundamental establecer una línea temporal precisa y determinar quién tuvo qué información y cuándo se actuó en consecuencia.
Las consecuencias de esta discrepancia son significativas:
- Credibilidad: La credibilidad de los testigos clave queda en entredicho, lo que obliga a la jueza a apoyarse en pruebas documentales, como actas de reuniones o registros de comunicaciones.
- Responsabilidades: Determinar si se omitió una alerta crucial o si, por el contrario, nunca se propuso, es clave para definir las posibles responsabilidades penales o administrativas.
- Confianza institucional: Este tipo de contradicciones públicas puede mermar la confianza de los ciudadanos en la capacidad de las instituciones para gestionar emergencias de gran magnitud de forma coordinada.
El caso sigue abierto y se espera que futuras declaraciones y pruebas periciales ayuden a clarificar qué ocurrió exactamente en el CECOPI durante las horas que precedieron a la mayor catástrofe natural de la historia reciente de Valencia.
