La Policía Nacional ha detenido a cinco personas en València, entre ellas dos abogados y un notario, por presuntamente despojar de todas sus propiedades a una mujer de 80 años con alzhéimer. La investigación se inició cuando los sobrinos de la víctima descubrieron que se intentaba anular el derecho de la mujer a vivir en su propia casa.
Puntos Clave
- Cinco detenidos: dos abogados, un notario, un presunto testaferro y la cuidadora de la víctima.
- La víctima, una mujer de 80 años con alzhéimer, fue convencida para vender tres propiedades a precios muy inferiores a los del mercado.
- Las propiedades incluían una nave industrial, un bajo comercial y su vivienda en el barrio de Russafa.
- El bajo comercial fue revendido en cinco meses por un precio ocho veces superior, generando un beneficio de 280.000 euros.
- La trama fue descubierta cuando los implicados intentaron desalojar a la anciana de su casa para venderla.
Una operación policial desvela la presunta estafa
Agentes de la Policía Nacional han culminado una investigación con la detención de cinco individuos en València, acusados de orquestar un plan para apropiarse del patrimonio de una mujer de edad avanzada y en situación de vulnerabilidad. La víctima, de 80 años y diagnosticada con la enfermedad de Alzheimer, habría sido manipulada para vender sus tres únicas propiedades.
Entre los arrestados se encuentran dos abogados, un notario, la persona que actuaba como cuidadora de la anciana y un hombre que figura como presunto testaferro en las operaciones. Todos ellos enfrentan cargos por estafa agravada y falsedad documental, aunque han negado su implicación en los hechos.
El rol de cada implicado
Según las primeras pesquisas, la cuidadora habría proporcionado información clave sobre la situación de la víctima y su patrimonio. Los abogados, por su parte, habrían diseñado la estrategia legal para ejecutar las ventas, mientras que el notario habría formalizado las transacciones en su despacho, presuntamente sin advertir las irregularidades. El testaferro era utilizado para figurar como comprador en los contratos.
El método: ventas a precios irrisorios
La presunta trama se desarrolló entre 2022 y finales de 2023. Durante este periodo, los implicados habrían convencido a la mujer para que firmara la venta de sus bienes, aprovechando el deterioro cognitivo provocado por su enfermedad.
La venta de la nave industrial
La primera operación fue la venta de una nave industrial. La transacción se cerró por 115.000 euros, una cifra significativamente baja. El valor de mercado en ese momento era de aproximadamente 280.000 euros, lo que supuso una pérdida patrimonial para la víctima de 165.000 euros.
Un local comercial en Russafa
Posteriormente, la red centró su atención en un bajo comercial situado en el cotizado barrio de Russafa. La propiedad fue adquirida por tan solo 40.000 euros. La rentabilidad de esta operación se hizo evidente rápidamente.
Beneficio millonario en cinco meses
Apenas cinco meses después de la compra, el mismo local comercial fue vendido a un tercero por 320.000 euros. Esta reventa multiplicó por ocho el precio de compra inicial, generando un beneficio directo de 280.000 euros para la trama.
El último bien: su propia vivienda
El último paso fue la adquisición de la vivienda de la mujer, un piso de grandes dimensiones también en Russafa. Los implicados consiguieron que firmara la venta por 190.000 euros. El contrato incluía una cláusula de usufructo vitalicio, que permitía a la anciana seguir viviendo en su casa hasta su fallecimiento.
La codicia destapó el plan
El plan de los presuntos estafadores se vio truncado por su propia impaciencia. A pesar de la cláusula de usufructo, decidieron que querían vender el piso lo antes posible para aprovechar los altos precios del mercado inmobiliario. Para ello, iniciaron los trámites legales para invalidar el derecho de la mujer a permanecer en su hogar y proceder a su desahucio.
"Fue en ese momento cuando los sobrinos de la mujer se enteraron de lo que estaba sucediendo y denunciaron los hechos en la comisaría de Russafa", explican fuentes cercanas a la investigación.
La denuncia de los familiares activó una investigación por parte de la Policía Nacional que ha durado varios meses. Las pesquisas han permitido reunir las pruebas necesarias para proceder a la detención de los cinco sospechosos.
Medidas cautelares y futuro judicial
Tras pasar a disposición judicial, el juez instructor del caso ha impuesto medidas cautelares para cuatro de los cinco detenidos. A los dos abogados, al presunto testaferro y a la cuidadora se les ha retirado el pasaporte y se les ha prohibido salir del territorio nacional.
Por el contrario, el notario ha quedado en libertad sin medidas cautelares, a pesar de que la fiscalía solicitaba las mismas restricciones que para el resto de los implicados. La investigación sigue abierta para determinar el alcance total de la estafa y si existen más víctimas.
