La dirección de un centro de menores en València ha abierto un expediente a cuatro de sus trabajadores por presunto maltrato a los jóvenes acogidos, tras un altercado que ha generado versiones contradictorias. El comité de empresa denuncia además una campaña de acoso por parte de grupos de ultraderecha contra el personal y los menores.
Los hechos, que tuvieron lugar en el Centro de Atención Temporal de Emergencias de València al mar, han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía de Menores para que investigue un posible delito de maltrato. Un vigilante y tres auxiliares de control educativo han sido suspendidos de empleo mientras se aclara lo sucedido.
Puntos Clave
- Cuatro trabajadores de un centro de menores han sido expedientados y suspendidos de empleo.
- La Fiscalía de Menores investiga un presunto caso de maltrato a los jóvenes residentes.
- El comité de empresa denuncia una versión falsa de los hechos difundida por los investigados.
- Personal y menores del centro están sufriendo acoso y amenazas por parte de grupos de ultraderecha.
Dos versiones de un mismo conflicto
La situación salió a la luz pública tras la difusión de noticias sobre una pelea en el centro que requirió la intervención de la Policía Local y Nacional. La versión inicial, promovida por los trabajadores ahora investigados, describía una agresión de los menores hacia el personal de seguridad.
Sin embargo, el comité de empresa, a través de UGT, ofrece un relato completamente diferente. Según los representantes de los trabajadores, el incidente fue provocado por el vigilante y los tres auxiliares de control educativo que ahora están apartados de sus funciones. La dirección del centro, gestionado por la Fundación Antonio Moreno, ha respaldado esta línea de investigación.
La Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha sido informada de la situación y ha tomado medidas inmediatas. Como precaución, se ha decidido separar a los grupos de menores implicados en el altercado para evitar nuevas tensiones mientras avanza la investigación.
Acoso y amenazas de la ultraderecha
El comité de empresa ha expresado una profunda preocupación por las consecuencias que ha tenido la difusión de lo que califican como "informaciones falsas". Denuncian que la versión de los hechos ofrecida por los trabajadores expedientados ha alimentado un clima de hostilidad.
"Se han producido episodios de acoso verbal e intimidación al personal y a los menores, así como daños en vehículos particulares, vinculados al discurso de odio que ciertos grupos de extrema derecha están promoviendo", afirma el comité en un comunicado.
Señalan directamente a grupos como España 2000 de estar detrás de esta campaña de intimidación, que se ha manifestado tanto en redes sociales como en las inmediaciones del centro. Las educadoras y los jóvenes acogidos se sienten ahora en una situación de inseguridad.
Un deber de protección
Los representantes de los trabajadores recuerdan que los jóvenes que residen en este centro son menores no acompañados que se encuentran bajo la tutela de la administración. "No están internados ni privados de libertad", subrayan, insistiendo en que su acogida responde a un deber humanitario y legal que merece protección y respeto.
Llamamiento a la responsabilidad
Ante la gravedad de la situación, el comité de empresa ha exigido a la Conselleria que adopte medidas urgentes para garantizar la seguridad del personal y de los menores. Piden un refuerzo de los recursos y una actuación firme contra las campañas de desinformación.
Además, el sindicato UGT ha aprovechado para reiterar una de sus reivindicaciones históricas: la necesidad de profesionalizar la figura del auxiliar de control educativo. Proponen que para ocupar estos puestos se exija una titulación relacionada con los derechos de la infancia, con el objetivo de prevenir situaciones de conflicto y garantizar un trato adecuado a los menores.
Convivencia en el barrio
Recientemente, la consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, visitó las instalaciones. Durante su visita, responsables de la asociación de vecinos del barrio confirmaron que la presencia del centro no había generado ningún repunte de inseguridad ni problemas de convivencia en la zona.
Finalmente, se ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad social" de los medios de comunicación que difundieron la primera versión de los hechos. Se les pide rigor para no contribuir a la "propagación de bulos, la estigmatización de las personas migrantes y de quienes trabajan por su bienestar e integración".
