El Ayuntamiento de València ha trasladado a la Fiscalía una denuncia por presuntos empadronamientos fraudulentos realizados en la vivienda de un diputado del Partido Popular en las Corts Valencianes. El parlamentario descubrió que al menos tres personas habían sido registradas en su domicilio sin su consentimiento, utilizando para ello contratos de alquiler falsificados.
Este caso destapa una problemática más amplia en la ciudad, donde las autoridades han detectado redes organizadas que cobran a personas vulnerables por facilitarles un domicilio ficticio, un requisito indispensable para acceder a servicios básicos como la sanidad.
Puntos Clave
- El Ayuntamiento de València ha denunciado ante la Fiscalía al menos tres empadronamientos irregulares.
- La vivienda afectada pertenece a un diputado del PP, quien descubrió el fraude al recibir una notificación oficial.
- Los registros se realizaron presentando contratos de alquiler y firmas falsificadas del propietario.
- Este incidente se enmarca en un contexto de creciente fraude, con 30 detenidos por la Policía Nacional en las últimas semanas por delitos similares.
Un aviso oficial destapa el engaño
La investigación se inició cuando el diputado autonómico, que utiliza una vivienda de su propiedad en València para su trabajo parlamentario, recibió una notificación de la oficina del censo a principios de enero. En la carta se le informaba del alta de una persona desconocida en su domicilio, un trámite que supuestamente se había solicitado en abril del año anterior.
Sorprendido, el político se dirigió a las oficinas del Padrón Municipal para solicitar la baja de esa persona y pedir explicaciones. Fue entonces cuando los funcionarios le comunicaron que el alta se había tramitado presentando un contrato de alquiler a nombre de un ciudadano de origen indio, acompañado de un recibo que justificaba el pago de una mensualidad.
"No tengo ningún contrato de arrendamiento. Alguien falsificó el contrato y la firma por la mensualidad", explicó el parlamentario, quien ha sido propietario del inmueble durante dos décadas y asegura que nunca lo ha puesto en alquiler.
El diputado, que ha preferido mantener su anonimato, se dio cuenta de inmediato de que había sido víctima de una suplantación de identidad y una falsificación de documentos.
La investigación revela más registros fraudulentos
Tras la denuncia inicial, el afectado solicitó al personal del Ayuntamiento que revisara el historial de su propiedad para comprobar si existían más casos. La búsqueda confirmó sus sospechas: otras dos personas habían sido empadronadas en su vivienda de forma irregular entre octubre de 2024 y octubre de 2025.
Los funcionarios municipales constataron un patrón claro en los tres casos. Los contratos de alquiler presentados para los empadronamientos tenían un formato idéntico, pero la firma del propietario había sido falsificada de manera diferente en cada uno de ellos. Uno de los registros fraudulentos tuvo una duración de cuatro meses y el otro, de ocho.
Cronología del fraude
- Abril (año anterior): Se solicita el primer empadronamiento fraudulento.
- Enero: El propietario recibe la notificación y denuncia el caso.
- Investigación posterior: Se descubren dos registros más, uno con una duración de 4 meses y otro de 8 meses.
Ante la evidencia de un posible delito continuado de falsedad documental, el Ayuntamiento de València recopiló toda la información y acordó presentar una denuncia formal ante la Fiscalía para que se investiguen los hechos y se depuren responsabilidades penales.
Un negocio ilícito que explota la vulnerabilidad
Este incidente no es un hecho aislado en València. Pone de relieve una trama creciente de fraudes relacionados con el padrón municipal que afecta especialmente a personas migrantes en situación de vulnerabilidad. Estar empadronado es un requisito fundamental para acceder a la sanidad pública, la escolarización de menores y otros servicios sociales.
Conscientes de esta necesidad, diversas redes organizadas se dedican a vender empadronamientos falsos. En las últimas seis semanas, la Policía Nacional ha detenido a 30 personas en la ciudad por falsificar y vender contratos para estos fines. Según las investigaciones, cobraban entre 300 y 700 euros por cada registro fraudulento.
Otros casos bajo sospecha
Además de las detenciones policiales, ha trascendido otro caso de gran volumen. Se trata de un centenar de empadronamientos sospechosos detectados en una residencia de estudiantes de València. La alerta surgió a raíz de una denuncia interna en el Hospital Clínico, aunque el consistorio todavía no ha confirmado si ha iniciado actuaciones al respecto.
El modus operandi es siempre similar: los estafadores falsifican un contrato de alquiler de una vivienda, a menudo sin que el propietario lo sepa, y lo utilizan para inscribir a terceros en el padrón a cambio de dinero. Esta práctica no solo constituye un delito, sino que también genera graves problemas administrativos y de seguridad para los dueños de las propiedades utilizadas en el fraude.
