La Policía Nacional ha detenido en Valencia a tres menores, de 14 y 15 años, acusados de una agresión sexual en grupo a una compañera de instituto. Los hechos, que ocurrieron el pasado 10 de febrero en los baños de un centro comercial, fueron grabados y difundidos entre otros estudiantes, lo que constituye un segundo delito y agrava la situación de los implicados.
Un cuarto menor, de 13 años y hermano de uno de los detenidos, también participó presuntamente en los hechos, pero es inimputable debido a su edad. El caso ha sido puesto en manos de la Fiscalía de Menores y se encuentra bajo secreto de sumario.
Puntos Clave
- Tres menores de 14 y 15 años han sido detenidos por agresión sexual con penetración y revelación de secretos.
- Un cuarto implicado de 13 años es inimputable según la ley española.
- La agresión fue grabada con teléfonos móviles y las imágenes se difundieron entre compañeros del instituto.
- La investigación se inició después de que un estudiante alertara a la dirección del centro sobre la existencia de los vídeos.
- Los detenidos han quedado en libertad vigilada con una orden de alejamiento de la víctima.
Investigación tras la difusión de un vídeo
La investigación comenzó cuando la dirección de un instituto de secundaria de Valencia tuvo conocimiento de la circulación de unas imágenes explícitas entre su alumnado. Un estudiante de otro curso, al ver el contenido, decidió alertar a los responsables del centro educativo. Esta acción fue fundamental para destapar los hechos y proteger a la víctima.
Tras la alerta, la dirección del centro se puso en contacto con la joven y su familia, activando el protocolo correspondiente y notificando a las autoridades. Agentes del Grupo de Menores (GRUME) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valencia se hicieron cargo del caso, identificando rápidamente a los presuntos autores gracias a los propios vídeos que ellos habían difundido.
El papel de la comunidad educativa
La intervención de un estudiante que no participó en los hechos fue crucial. Su decisión de denunciar la difusión de las imágenes ante la dirección del instituto permitió que se iniciara la investigación policial y se ofreciera apoyo a la víctima, demostrando la importancia de no permanecer en silencio ante este tipo de situaciones.
Los detenidos son dos jóvenes de 14 años y uno de 15, todos compañeros de la víctima en el mismo instituto. Según las primeras informaciones, la agresión tuvo lugar el 10 de febrero en los aseos de un concurrido centro comercial de la ciudad.
Doble acusación: agresión y revelación de secretos
Los tres arrestados se enfrentan a una doble imputación. Por un lado, se les acusa de un delito de agresión sexual con penetración. La víctima declaró que, si bien accedió a mantener relaciones con uno de los chicos, posteriormente fue forzada por el resto del grupo. Por otro lado, uno de los arrestados alegó que las relaciones fueron consentidas.
El segundo cargo, no menos grave, es el de delito contra la intimidad y de revelación de secretos. Este delito se produce al grabar la agresión sin el consentimiento de la víctima y, sobre todo, al difundir las imágenes entre terceros. Esta acción no solo viola la intimidad de la joven, sino que además la revictimiza, exponiéndola a una humillación pública y prolongando su sufrimiento.
¿Qué es la inimputabilidad?
En el sistema judicial español, la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores establece que los menores de 14 años no pueden ser considerados responsables penales. Esto significa que no pueden ser juzgados ni se les pueden imponer medidas como el internamiento. En estos casos, la protección del menor recae en los servicios sociales y la jurisdicción civil.
La situación del menor de 13 años
En el grupo de presuntos agresores se encontraba el hermano de uno de los detenidos, un niño de tan solo 13 años. Debido a su edad, es considerado inimputable por la ley. Esto no significa que su participación quede sin consecuencias, sino que el abordaje es diferente. La Fiscalía de Menores comunica estos casos a los servicios de protección infantil para que evalúen el entorno familiar y social del menor y determinen las medidas de protección o reeducación más adecuadas.
Medidas cautelares y el proceso judicial
Tras su detención y declaración, los tres menores de 14 y 15 años han sido puestos en libertad vigilada. Esta es una medida cautelar común en la jurisdicción de menores que implica un seguimiento por parte de educadores y servicios sociales mientras avanza el proceso judicial. El objetivo es asegurar que no reincidan y que cumplan con las obligaciones que se les impongan.
Además, el juez ha dictado una orden de prohibición de comunicación y acercamiento a la víctima. Los jóvenes no pueden contactar con ella por ningún medio y deben mantenerse a una distancia mínima de 50 metros. Esta medida busca proteger a la joven y garantizar su tranquilidad mientras se recupera del trauma sufrido.
"Es fundamental proteger a los menores de unos entornos digitales que pueden ser extremadamente peligrosos y dañinos", declaró Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, quien confirmó que el caso está en manos de la Fiscalía de Menores.
El caso se encuentra actualmente bajo secreto de sumario para proteger la intimidad de los menores implicados, tanto de la víctima como de los presuntos agresores, y para no interferir en la investigación que sigue en curso.
Un patrón preocupante que se repite
Este suceso recuerda a otros casos de agresiones sexuales grupales protagonizadas por menores en la región, como la conocida como "manada de Burjassot" en 2022. En aquella ocasión, seis menores fueron acusados de violar a dos niñas, un caso que generó un gran impacto social en Valencia.
Las autoridades y expertos muestran una creciente preocupación por la combinación de varios factores en estos casos:
- La corta edad de los implicados, tanto agresores como víctimas.
- La normalización de la violencia sexual en dinámicas de grupo.
- El uso de la tecnología para grabar y difundir las agresiones, lo que amplifica el daño.
- El fácil acceso de los adolescentes a contenido pornográfico violento.
La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, hizo un llamamiento a la reflexión sobre la exposición de los jóvenes a los peligros del entorno digital. Este caso subraya de nuevo la necesidad urgente de una mayor educación afectivo-sexual y digital en los centros educativos y en el ámbito familiar para prevenir que tragedias como esta vuelvan a ocurrir.
